Cada reforma legal en materia educativa devuelve al primer plano informativo la situación de la asignatura de Religión o la cobertura legal de la enseñanza concertada. Es una constante que se repite invariablemente en cada cambio de legislatura y a la que han llegado a acostumbrarse tanto padres de familia como profesores y responsables de centros. La previsible entrada en vigor de la LOMLOE (más conocida como Ley Celaá) no ha sido una excepción, si bien es cierto que el texto legal esta vez añade matices que sitúan la asignatura en un escenario novedoso e incide en la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Se trata de un ámbito en el que la Iglesia cuenta con una larga tradición de servicio a la sociedad.
Hay un buen número de centros de titularidad católica y de inspiración cristiana pendientes de la aprobación definitiva de la LOMLOE y de su aplicación en cada comunidad autónoma. Once de ellos están agrupados en la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez, cuyo gerente, José Luis del Río, reconoce que se abre un período incierto, “si bien –apunta- la experiencia nos dice que la concertada se ha adaptado bien a los distintos cambios sociales”. Por lo que a este modelo de enseñanza se refiere, el cambio normativo más destacado es la eliminación de la ‘demanda social’ para la apertura de centros o el aumento de plazas. Como señala Del Río, la relevancia está en lo que no dice la ley, o sea, “en el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, algo que puede quedar seriamente afectado con la nueva normativa”.
La concertada supone un ahorro considerable a las arcas públicas
De cómo se sustancie este proceso legal está pendiente toda la concertada, entre ellos los 2.560 alumnos y 200 profesores que conforman la comunidad educativa de los once centros que conforman la Fundación Diocesana de Enseñanza (siete en la capital y cuatro en el resto de la diócesis). No se trata de un cupo cerrado. De hecho, desde la Fundación se confirma que están abiertos a estudiar las peticiones de instituciones religiosas que no puedan sostener por sí mismas sus centros educativos: “En ese caso estudiaríamos cada caso y veríamos su viabilidad, porque no buscamos otra cosa, lo que nos guía es la protección de un derecho tan importante como el de la educación, algo en lo que la Iglesia lleva siglos empeñada”.
Son colegios cuya implicación en la educación conlleva un ahorro considerable a las arcas públicas. Las cifras hablan por sí solas: el coste de una plaza en la enseñanza concertada ronda los 3.400 euros, de los que la Administración aporta 2.800, y esa plaza tiene un coste en la pública de 6.500 euros.
La particularidad de los centros diocesanos reside en su vinculación a la Iglesia diocesana a través, en su mayoría, de las parroquias. Hablamos de una larga tradición docente de servicio social, en algunos casos ubicados en zonas consideradas no precisamente elitistas. Además, son muchas las generaciones que se han formado en los centros diocesanos, con un alto grado de éxito académico, lo cual refuerza la apuesta de la Iglesia en un sector prioritario. “Se trata de no poner en riesgo la pluralidad, que los padres tengan un abanico de posibilidades en algo tan trascendente para el futuro de sus hijos”, añade José Luis del Río.
El 78 % del alumnado se matricula en Religión
La asignatura de Religión es otro caballo de batalla de las reformas educativa. La vuelta de tuerca de esta ley radica en que la asignatura no contaría para la nota media ni tendría alternativa evaluable. Esta regulación afectaría al 78 % del alumnado, que son los que se han matriculado en Religión, y a los 677 profesores que realizan su labor en los centros ubicados en la diócesis hispalense.
Juan Manuel Rodríguez, delegado diocesano de Enseñanza, subraya los aspectos que convierten a la asignatura de Religión en un factor eminentemente positivo para el desarrollo integral del alumno. “Para empezar, potencia la dimensión espiritual como parte de su educación, de su ser persona; ayuda a entender la cultura, que está impregnada de valores y costumbres religiosas; plantea la cuestión del sentido de la vida; favorece el diálogo con otras disciplinas; ayuda a un mejor conocimiento de nuestra historia; y potencia valores universales que favorecen la convivencia”, enumera el delegado, que advierte que nos equivocamos si equiparamos la enseñanza de Religión con la catequesis: “Ésta persigue la conversión de la persona, mientras que la asignatura es una exposición abierta de la fe y el mensaje cristiano en diálogo con el mundo”, precisa. “Son dos propuestas distintas en el método y la finalidad, y pensemos, como aspecto evidente, que para cursar la asignatura de Religión no se exige el bautismo”, añade.
Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza se subraya también la formación del profesorado, “que precisa la misma capacitación que el resto de docentes, pero que además tienen que acreditar un conocimiento muy concreto de la materia que imparten”.
Una asignatura que se evalúa cada año
Rodríguez Muñiz señala que “nos evaluamos cada año, cuando los padres seleccionan las asignaturas que deben cursar sus hijos”, lo que habla de “la libertad en la que nos movemos”. ¿Cómo está reaccionando el profesorado de Religión ante esta incertidumbre? El delegado reconoce que lo ven “con lógica preocupación, pero con serenidad”. “Hay confianza en el trabajo que se está haciendo, y no olvidemos que en el fondo hay un punto de fe, de Providencia, que explica esta actitud”, apunta.
Estos días se están atendiendo en la Delegación las peticiones de información de profesores y padres de familia interesados en la deriva de una cuestión que, muy a pesar de los propios docentes, no termina de abandonar el foco mediático. Al respecto, el propio delegado afirma que detrás de esta preocupación “no hay otra cosa que la defensa de un derecho de las familias que –insiste- está debidamente refrendado por el ordenamiento jurídico”.
