Así lo ha explicado su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, en una entrevista en ‘El Cascabel’: “Es una denuncia por una vulneración de derechos fundamentales».
Desde el ataque que se hace a la libertad de enseñanza, que reconoce el artículo 27 de la Constitución, esta ley hace una modificación encubierta de este texto constitucional, pero además también se producen vulneraciones de derechos reconocidos en el ámbito de la Unión Europea que reconoce la libertad de creación de centros y la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos.
